Por: Laura Prada – Comunicadora Social y Periodista
Cinco historias. Cinco vidas. Cinco familias atravesadas por un dolor que nunca debieron sufrir.
- María Camila Potosí: tenía 21 años y ocho meses de embarazo cuando desapareció. En julio de 2026, su cuerpo fue hallado sin vida; las investigaciones de la Fiscalía revelaron que todo fue un plan para sustraer a su bebé.
- Rosa Olaya: trabajadora de Homecenter, fue asesinada en su lugar de trabajo tras haber solicitado acompañamiento policial en dos ocasiones y llevar meses sufriendo el acoso de su agresor.
- Debanhi Escobar: tenía 18 años cuando acudió a una fiesta de la que no regresó; 13 días después, su cuerpo fue hallado en la cisterna de un motel en Nuevo León.
- Yuliana Samboni: con solo siete años, fue secuestrada mientras jugaba en la puerta de su casa, agredida sexualmente y asesinada.
- Blanca Pardo: campesina de 72 años, fue hallada con signos de agresión sexual en zona rural de Nariño y falleció cinco días después sin que su agresor haya sido identificado.
Cifras de feminicidios en Colombia – Defensoría del Pueblo
Frente a tragedias como estas, la reacción colectiva debería ser una sola: la condena absoluta al agresor y la exigencia de justicia. Sin embargo, no tarda en aparecer el coro de comentarios de siempre:
«Seguramente iba muy mostrona», «¿Qué hacía a esa hora en la calle?», «¿Por qué salió sola?», «¿Por qué no se cuidó?».
La ligereza con la que se responsabiliza a la víctima es perturbadora. Si la causa del delito fuera la ropa, la hora o el lugar, ¿qué tenía de provocativo lo que llevaba Yuliana mientras jugaba fuera de su casa? ¿Qué comportamiento «imprudente» se le puede atribuir a Blanca a sus 72 años?
¿En qué momento nos acostumbramos a escudriñar la conducta de las víctimas en lugar de interrogar a los agresores y exigir respuestas al Estado?
Nos hemos pasado la vida escuchando que debemos cuidarnos: compartir la ubicación, avisar con quién estamos, medir la altura de la falda, calcular la hora de regreso y desconfiar hasta de la sombra. Nos enseñan a habitar el mundo con miedo y, cuando el horror ocurre, nos preguntan por qué no hicimos más para evitarlo.
Cuidarnos no puede seguir siendo nuestra única garantía de supervivencia. Rosa pidió ayuda institucional. Debanhi salió de fiesta como lo hacen miles de jóvenes. Yuliana jugaba en su hogar. Blanca estaba en su campo. María Camila esperaba dar a luz. ¿Qué tenían que haber hecho diferente para merecer vivir? Nada. Absolutamente nada.
El problema no es una supuesta falta de precaución de las mujeres. El problema de fondo radica en la persistencia de violencias estructurales, sumada a la ineficacia de las medidas de prevención, la lentitud de la respuesta institucional y la fragilidad de las garantías de protección.
Cada vez que un nuevo caso sacude a la opinión pública, el país se indigna: publicamos sus nombres, compartimos sus fotografías y prometemos que no volverá a pasar. Pero cuando la noticia sale de los titulares, la inercia regresa.
Hablar de feminicidio e impunidad no puede limitarse a la contabilidad trágica de cuántas nos faltan. Exige señalar el acoso que se normaliza cotidianamente, las amenazas que las autoridades minimizan y las denuncias que se atropellan en la burocracia. No basta con indignarnos cuando una mujer es asesinada; la sociedad y las instituciones tienen que actuar antes de que sea demasiado tarde.
