Por: Juan Diego Ortiz Quintero – Abogado
Desde una perspectiva objetiva, el señalamiento y posible denuncia de la presunta comisión de un delito no justifica que otra persona pueda justificarse en esto para también pretender saltarse la ley. En palabras castizas: si el otro roba, yo también puedo robar; si el otro se pasa el semáforo en rojo, yo también puedo pasarme el semáforo.
Al parecer, hemos naturalizado tanto que se violenten las leyes, que nos parece normal que se roben el erario público. Y no: si en el anterior gobierno sus funcionarios cometieron delitos, si la exesposa del expresidente, excongresistas o amigos suyos presuntamente cometieron delitos, se debe investigar, juzgar y, si se demuestra su responsabilidad, que les caiga todo el peso de la ley. Pero que esos presuntos delitos se cometieran no significa que debamos justificar que este gobierno pueda actuar de igual manera.
Y aquí es donde está el verdadero problema: pareciera que para algunos la legalidad depende de quién está involucrado. Si el señalado pertenece al sector político contrario, exigen investigaciones, sanciones y explicaciones; pero si el cuestionamiento recae sobre alguien cercano a sus propias convicciones, aparecen las justificaciones, las comparaciones y los argumentos para restarle importancia al asunto.
¿En qué momento dejamos de exigir coherencia y empezamos a buscar excusas para justificar a los nuestros?
La discusión entre Verónica Alcocer y Ana Lucía Pineda no debería convertirse en una competencia para determinar quién merece más críticas o quién tiene mayor aceptación entre los ciudadanos. La cuestión de fondo es mucho más sencilla: ¿vamos a exigir los mismos principios de legalidad, transparencia y responsabilidad a quienes estuvieron en el poder y a quienes hoy lo ejercen?
Al parecer, hemos naturalizado tanto que se violenten las leyes, que nos parece normal que se roben el erario público. Y no: si en el anterior gobierno sus funcionarios cometieron delitos, si la exesposa del expresidente, excongresistas o amigos suyos presuntamente cometieron delitos, se debe investigar, juzgar y, si se demuestra su responsabilidad, que les caiga todo el peso de la ley. Pero que esos presuntos delitos se cometieran no significa que debamos justificar que este gobierno pueda actuar de igual manera.
Y aquí es donde está el verdadero problema: pareciera que para algunos la legalidad depende de quién está involucrado. Si el señalado pertenece al sector político contrario, exigen investigaciones, sanciones y explicaciones; pero si el cuestionamiento recae sobre alguien cercano a sus propias convicciones, aparecen las justificaciones, las comparaciones y los argumentos para restarle importancia al asunto.
¿En qué momento dejamos de exigir coherencia y empezamos a buscar excusas para justificar a los nuestros?
La discusión entre Verónica Alcocer y Ana Lucía Pineda no debería convertirse en una competencia para determinar quién merece más críticas o quién tiene mayor aceptación entre los ciudadanos. La cuestión de fondo es mucho más sencilla: ¿vamos a exigir los mismos principios de legalidad, transparencia y responsabilidad a quienes estuvieron en el poder y a quienes hoy lo ejercen?
