Por: Laura Prada – Comunicadora Social y Periodista
En Colombia cada día nacen ocho bebés cuyas madres son niñas entre los 10 y 14 años. La frase por sí sola estremece y preocupa, pero la realidad es aún más desgarradora: en 2025, según un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) DE LA Universidad Javeriana, cerca de 3.000 niñas se convirtieron en madres de forma prematura. Detrás de esta estadística no hay una decisión libre ni planificada; hay una infancia interrumpida y un sistema que sigue fallando ante la protección de la niñez.
¿Qué hace una niña tratando de criar a otra? A esta edad, ni el cuerpo, ni la mente están preparados para afrontar la maternidad. Los riesgos de salud tanto para las madres como para sus bebés son devastadores. El desarrollo incompleto y la falta de acompañamiento se traducen en cifras letales: solo en 2024 se registraron más de 2.400 muertes fetales en niñas y adolescentes en el país.
Es importante dejar de adornarlo y empezar a llamar las cosas por su nombre. En Colombia la legislación establece que ningún menor de 14 años puede consentir relaciones sexuales. Por ello, legalmente cada uno de esos casi 3.000 nacimientos anuales son resultado de delitos de abuso o violencia sexual.
Sin embargo, la impunidad reina en la sombra. Aproximadamente entre el 70% y 80% de estos casos no cuentan con una denuncia penal previa al parto. En su mayoría, los agresores pertenecen a su entorno familiar donde el miedo y la manipulación nublan la posibilidad de pedir auxilio a tiempo.
El impacto trasciende a las salas de parto y perpetúa la desigualdad estructural. Actualmente el embarazo en infancia y adolescencia representa la quinta causa por la cuál niñas mayores de 10 años abandonan las aulas. Al detener su vida escolar se cierran puertas ante el mercado laboral formal y se condenan inmediatamente a dos generaciones a permanecer en las trampas de la pobreza. Mientras este fenómeno muestra tendencias a la baja a nivel global, en Colombia continúa siendo un problema sociodemográfico que se agrava cuando sumamos los más de 58.000 embarazos anuales en adolescentes de 15 a 19 años.
Frente a esta crisis de salud pública y violencia de género, la respuesta del estado no es la esperada. En lugar de fortalecer la educación sexual y ampliar las garantías de protección, las señales apuntan a la dirección opuesta cuando en escenarios como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia restringe su postura frente a conceptos de género, racismo estructural y salud sexual. Así lo evidenció la intervención de Alvaro Ayala Mendez, representante del país ante este organismo, en la cual el Estado se desmarcó explícitamente de expresiones como “Salud y derechos sexuales y reproductivos”.
Pero es más alarmante la postura que queda ante la OEA, donde el embajador Alejandro Ordoñez anunció la Adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra; iniciativa que desconoce el aborto como parte de los derechos reproductivos.
Decisiones como estas amenazan con retroceder al país ante más de 50 años en materia de luchas, políticas públicas y derechos fundamentales logrados con el tiempo.
Con todo esto, ¿dónde quedan las garantías para nuestras niñas? Negar el acceso a la educación sexual, seguir poniendo obstaculos en los servicios de salud y retroceder en las instancias multilaterales no disminuye el abuso sexual, ni los embarazos infantiles; solo sigue invisibilizando a las victimas. Es necesario que el Estado colombiano reasuma su compromiso con la niñez y proteja los derechos sexuales y reproductivos; porque seguir dándole la espalda a esta realidad no es solo una falta administrativa, es una condena histórica contra el futuro de la niñez en Colombia.
