Gerardo Moreno Santana, un hombre de 61 años que le apostó a la reincorporación y colaboraba con la justicia transicional, fue sacado a la fuerza de su hogar y ultimado a tiros y con arma blanca en el sur del Tolima.
El silencio de la noche en la vereda La Estrella, ubicada en la zona rural del municipio de Planadas, se vio interrumpido por la violencia que sigue cobrándose la vida de quienes creyeron en la reconciliación. Hasta allí llegaron sujetos armados que, sin mediar palabra, sacaron a la fuerza de su propia vivienda a Gerardo Moreno Santana, un firmante del Acuerdo de Paz de 61 años. Los agresores lo obligaron a desplazarse hasta el vecino sector de Bellavista, un trayecto marcado por la zozobra que terminaría convirtiéndose en el escenario de un nuevo crimen que estremece al país.
Las primeras investigaciones oficiales revelan que el homicidio fue perpetrado con armas de fuego, pero los detalles escalofriantes de la escena señalan que Moreno Santana no se rindió fácilmente. Su cuerpo registraba múltiples heridas provocadas con un arma cortopunzante, indicios de que el ciudadano intentó defenderse del ataque. En medio del forcejeo, los agresores lo habrían despojado de un machete que él mismo llevaba consigo para las labores del campo, usando el elemento para propinarle las mortales lesiones antes de huir con rumbo desconocido.
Horas más tarde, hacia las 9:00 p. m., el dolor se palpaba en el ambiente mientras la comunidad de la zona y la propia esposa del fallecido acompañaban en medio del llanto las diligencias de inspección técnica. Los habitantes del sector y los seres queridos tuvieron que cargar con el peso de trasladar el cadáver hasta la morgue municipal, un recorrido solitario que refleja la dura realidad del abandono y el riesgo que enfrentan las comunidades rurales y los firmantes de paz en los territorios.
Ante este repudiable hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alzó su voz de rechazo de manera categórica. El tribunal recordó que Gerardo Moreno Santana era compareciente del antiguo Comando Conjunto de las Farc-EP en el Caso 10, donde cumplía un papel fundamental al aportar a la justicia transicional sobre delitos no amnistiables. La JEP advirtió con preocupación que este tipo de atentados no solo truncan una vida humana, sino que vulneran de manera directa los derechos de las víctimas a conocer la verdad y ponen en grave peligro la estabilidad del proceso de reincorporación en Colombia.
Mientras familiares y allegados se preparan para darle el último adiós en las exequias que se llevarán a cabo en este mismo municipio tolimense, las instituciones del Estado enfrentan una vez más el llamado urgente a la acción. La justicia transicional exigió a las autoridades competentes celeridad absoluta en las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales, al tiempo que insistió en la necesidad imperiosa de blindar con protección efectiva a los demás firmantes de paz que hoy siguen caminando con temor por las trochas del país.
